Los juicios contra el Referéndum del 1 de Octubre de 2017 comienzan el 12 de febrero de 2019. No se juzga ni uno solo de los responsables de la violencia desatada contra una población civil que defendía o simplemente quería ejercer sus derechos fundamentales a la participación o la protesta política.
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Se juzgan algunos de los principales responsables políticos del Referéndum de Autodeterminación, que llevan más de un año y medio en prisión preventiva. Éstos se enfrentan a penas de hasta 30 años. Los demás miembros del gobierno catalán llevan un año y medio en el exilio y los tribunales belgas, alemanes y escoceses que han estudiado las euroórdenes presentadas por el Estado español han rechazado las acusaciones. Así mismo lo han hecho los responsables de la justicia suiza.
Pero Cataluña y su gente siguen viendocomo se niega el derecho a decidir su futuro en libertad. Cataluña y su gente siguen viendo como se niega un derecho fundamental, reconocido por la arta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por la Carta de Derechos Civiles y Políticos: el derecho de cualquier pueblo a su autodeterminación. Un derecho democrático, un derecho civil y político, un derecho fundamental. Pero también, un mecanismo de prevención de conflictos.
En el último año y medio, los y las ciudadanas de Cataluña han visto conculcados derechos importantes como resultado de la determinación de los aparatos de Estado español y de sus autoridades políticas en la utilización de vías represivas y judiciales. Los encarcelamientos, los exilios y los confinamientos, que afectan también a activistas políticos de base; las miles de personas investigadas, entre ellas cientos de alcaldes, y las 136 personas detenidas; la cada vez más habitual violencia policial y fascista; y los graves ataques al sistema parlamentario catalán, que no dejan de ser ataques a la misma arquitectura constitucional del Estado español; todos estos elementos son factores de conflictividad e inestabilidad social y política que sólo pueden abordarse desde una perspectiva: más democracia, más justicia social, laboral y política.
Hay que devolver la palabra al pueblo, sin miedos ni prevenciones. Sólo la perspectiva del ejercicio del derecho a la autodeterminación, en un escenario de ausencia de vulneraciones de derechos, puede garantizar un final dialogado de este conflicto democrático generado por un Estado, el español, los aparatos cuyo continúan dominados por un franquismo que cuarenta años después no sólo no ha desaparecido, sino que continúa gobernando desde la sombra, desde los tribunales, y desde toda una ideología de poder que sólo la participación y el empoderamiento popular podrán ser parados.